Un grupo de ejidatarios tomó el control de la administración y los cobros de acceso a la zona arqueológica de Dzibanché-Kinichná, en demanda de que el gobierno federal los indemnice por las 300 hectáreas en donde se ubican dichas ruinas.
La comisariada ejidal de Morocoy, al sur del estado, Sonia Méndez Lile, anticipó que los ejidatarios seguirán haciendo esos cobros hasta que los gobiernos federal y estatal lleguen a acuerdos para saldar esa deuda.
Detalló que hasta ahora los ejidatarios han permitido el avance en las obras de recuperación de las zonas arqueológicas que llevan a cabo especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para la recuperación de algunas áreas de los vestigios arqueológicos de Kinichna-Dzibanche, pero serán los ejidatarios quienes mantengan el control de los accesos, así como el cobro a los visitantes.
La comisariada anticipó que además del acuerdo de indemnización, los ejidatarios pretenden tener una participación en el cobro a los visitantes de esas zonas turísticas, así como formar parte de la administración, pues pretenden instalar alguna especie de paraderos turísticos en donde pretenden comercializar productos regionales.
De igual manera demandan que las autoridades reparen el camino de acceso a su comunidad, mismo que fue dañado hace 10 años y aún siguen en la espera de su reparación, además piden que los trabajos de recuperación de las zonas arqueológicas se extiendan hacia su comunidad.
La comisariada comentó que ya tuvieron una primera reunión con autoridades de Fonatur, Sedatu, así como la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, pero están en espera de un próximo encuentro.
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