Una reforma histórica que podría cambiar el papel del Poder Judicial en el control constitucional de México.
En medio de una votación polémica, el Senado de México aprueba la iniciativa de MORENA, «supremacía constitucional», o Ley Anti Amparo; el debate se centra en la defensa de derechos humanos y el equilibrio de poderes.
En una maratónica sesión que culminó en la madrugada de este viernes, el Senado de México aprobó la denominada «Ley Anti Amparo». Con una mayoría respaldada por MORENA, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la ley impide la presentación de amparos para detener reformas constitucionales, lo que representa un cambio significativo en el marco jurídico y el balance de poderes del país.
La votación finalizó con 85 votos a favor y 41 en contra, provenientes del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano. «Le hemos cumplido al pueblo de México, muchas felicidades», declaró Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, al finalizar el proceso de votación.
¿En qué consiste la reforma?
La nueva ley introduce modificaciones a varios artículos de la Constitución para limitar los amparos y los procesos judiciales sobre reformas constitucionales. Óscar Cantón Zetina, senador de Morena y uno de los principales impulsores de la iniciativa, afirmó: «El Poder Judicial debe defender la Constitución, no modificarla».
Entre los cambios principales, el texto indica que las normas sobre derechos humanos «se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia». Además, declara como «improcedentes» las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan como objetivo bloquear adiciones o reformas constitucionales, incluyendo el proceso deliberativo.
El dictamen también señala que «no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación», y precisa que «no cabe juicio o recurso alguno, en ningún caso» contra «las reformas y adiciones a esta Constitución, su forma, procedimiento y fondo».
Reacciones divididas en el Senado
La aprobación de la ley provocó un profundo debate en el Senado. La oposición rechazó tajantemente la medida, argumentando que atenta contra el Estado de derecho y limita la capacidad de los ciudadanos para cuestionar posibles excesos del poder legislativo. Ricardo Anaya, senador del PAN, manifestó que esta reforma «destruye la Constitución para impedir que se puedan controvertir sus excesos», un señalamiento que resonó entre las filas opositoras.
Por su parte, Alejandro Moreno Cárdenas, senador del PRI, destacó que la reforma «genera inseguridad jurídica y debilita el Estado de derecho» al restringir la posibilidad de que el Poder Judicial intervenga en defensa de los derechos humanos y el control constitucional.
Sin embargo, los senadores oficialistas defendieron la medida, asegurando que no elimina los controles constitucionales y argumentaron que la postura de la oposición es discriminatoria. Fernández Noroña señaló: «La oposición clasista y racista se niega a que los jueces sean elegidos por el pueblo. Ese es el verdadero fondo del asunto», insinuando que el desacuerdo radica en que los magistrados puedan ser designados mediante votación popular.
Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM, buscó calmar las preocupaciones, afirmando que «es falso que la reforma impida a los ciudadanos defenderse de abusos de autoridad o leyes ordinarias», asegurando que la iniciativa solo afecta reformas constitucionales, y no limita el acceso a la justicia en casos de abuso o aplicación de leyes ordinarias.
Próximos pasos
Después de su aprobación en el Senado, la Ley Anti Amparo pasará a la Cámara de Diputados, donde será discutida y votada. En caso de recibir luz verde, la ley deberá ser ratificada por 17 de los 32 estados del país para alcanzar la mayoría calificada requerida y, de este modo, concretarse como una reforma constitucional.
De ser aprobada, México enfrentará un panorama jurídico y político redefinido, donde los recursos de amparo, tradicionalmente utilizados para impugnar reformas, perderán validez en lo que respecta a cambios constitucionales, una medida que plantea interrogantes sobre el futuro del equilibrio de poderes en el país.
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